Piden que dueño de Unión Constructora conste entre ‘los más buscados’

Los presuntos perjudicados por Unión Constructora acudieron ayer, en marcha, al Ministerio de Justicia para solicitar que los propietarios de la inmobiliaria, Javier Pachacamac y Yadira Torres, con orden de prisión y actualmente prófugos, sean incluidos en la lista de los más buscados del país. Ellos están acusados de estafa masiva por no cumplir con los planes de vivienda ofertados en diversas zonas del país.

La ministra, Johana Pesántez, recibió a una delegación de seis personas y se comprometió a gestionar esta petición ante el Ministerio del Interior.

William Aguaguiña, supuesto perjudicado por la constructora y abogado de los denunciantes, manifestó que otra de sus propuestas es que se establezca una Superintendencia de Construcciones, que vigile los proyectos de vivienda del país. “El objetivo es que no se repita esta situación, en la que hemos sido perjudicados miles de personas”, manifestó el abogado.

La marcha


La reunión en el Ministerio se cumplió tras la marcha. Ellos se reunieron a las 10:00 en la Cruz del Papa, en el norte de Quito y la mayoría vestía de negro. Llevaron dos ataúdes de cartón, que representaban “el haber enterrado la ilusión de cientos de personas de tener casa propia”. También portaban coronas fúnebres y carteles con la foto de Pachacamac.

Entre los asistentes conversaban cuánto habían invertido y las cifras ibas desde 4.000 a 15.000 dólares. También se evidenció desconfianza en las ofertas inmobiliarias. Una de las señoras mostraba una hoja volante con la oferta de tener casa propia a precio módico.

Todas le recomendaban que tuviera cuidado con la propuesta ya que tenía las mismas características de las de Unión Constructora. Dijeron que las facilidades pago fueron las que las sedujeron.

Algunas historias


Mercedes Cevallos tuvo que pedir permiso en su trabajo para asistir a la marcha. Es casada y tiene dos hijos. Solicitó un préstamo de 14.000 y entregó el dinero a la inmobiliaria. “Hasta ahora no hay ni casa, ni dinero y tengo que pagar la deuda”, manifestó.

Una situación similar vive Carlos Guamba, exempleado municipal, quien entregó 5.000 dólares a la constructora. Reconoce que se confió, ya que cuando pidió la clave catastral para verificar si los terrenos eran legales, le dieron evasivas. “Me dijeron no me preocupe, que los terrenos son de Unión Constructora y todo es legal”, manifestó. En su desesperación, tiene su propia propuesta. “Los terrenos tienen 5, 8, 10 dueños; entonces el Gobierno debería ayudarnos para que ahí se hagan departamentos ya que si reclamamos las casas no vamos a lograr nada”, manifestó.



Presentan documentación


° Con el objetivo de no perder la inversión, el representante legal de los denunciantes informó que la liquidadora de la Superintendencia de Compañías está realizando el inventario de todos los activos de Unión Constructora. “Ahora es nuestra responsabilidad de demostrar cuántos somos los perjudicados y en qué monto para cuadrar cuentas y tener la esperanza de la devolución del dinero”, dijo Aguaguiña.

Ellos han arrendado una oficina en las calles Juan Larrea y Riofrío, también de la capital, para que, a partir del lunes, las personas que resultaron estafadas se acerquen con la cédula y las copias de los certificados de pago para entregarlos a la liquidadora


500
personas aproximadamente participaron en la marcha de ayer.


15.000
dólares llegaron a perder varias personas.

  'Me tenían que entregar la casa el 9 de septiembre de 2012 pero Unión Constructora no cumplió”.

Mercedes Cevallos
MANIFESTANTE

'Estamos abiertos al diálogo con el señor (Javier) Pachacamac, así sea a través de sus abogados”.

William Aguaguiña

Representante

 

Propietario de Unión Constructora y su esposa huyeron del país

José Pachacama, propietario de la empresa Unión Constructora, y su esposa Yadira Torres, quienes están acusado de una estafa masiva por el incumplimiento en la entrega de viviendas, abandonaron el país.
Pachacama y Torres, quien se desempeñaba como Gerente, enfrentaban una orden de prisión preventiva, que fue remitida a la Dirección Nacional de la Policía Judicial para la localización y captura de los directivos.
Según conoció la estación televisiva Ecuavisa, la pareja abandonó el país, evadiendo los controles migratorios y su destino habría sido Colombia
José Capito, quien inicialmente estaba a cargo de la defensa de los directivos, indicó que no sabe nada de ellos y que ya no es su abogado.
Capito se convirtió en otro perjudicado por Unión Constructora pues sus haberes no le fueron cancelados en su totalidad.

Unión Constructora tenía $ 3,5 millones en 2011

Hace más de  15 días que se desconoce el paradero de Yadira Torres Carvajal y su esposo Javier Pachacama Pérez,  propietarios de la inmobiliaria Unión Constructora, que funcionaba en el norte de Quito. Diariamente cientos de perjudicados  continúan  llegando a la Fiscalía Distrital para interponer más demandas por el presunto delito de estafa.
En días pasados Camilo Valdivieso,   superintendente de Compañías de Quito, manifestó que la empresa -constituida en septiembre del 2007- tiene 2 accionistas y un  capital de 800 dólares. En torno a la  actividad que  realizaba y a los incumplimientos de contratos, la entidad   solicitó  a la inmobiliaria la información necesaria para elaborar un informe completo sobre su situación contable, pero hasta el momento no ha    entregado los datos  requeridos.
También se desconoce el  inventario de los proyectos inmobiliarios,  el número de clientes y el tamaño de los negocios desarrollados por la compañía, que también operaba en Guayaquil y Santo Domingo de los Tsáchilas.
  Valdivieso señaló que  interpondrán nuevas acciones para iniciar un proceso liquidatorio de  la  empresa, aunque anotó que no tiene competencia para intervenir en  los  convenios o acuerdos privados celebrados entre la compañía y sus clientes.
“No sabemos qué respaldo patrimonial existe para hacer frente a los pasivos, es decir, a las deudas. El último reporte a  diciembre de 2011 revela que los activos  de   Unión Constructora eran en promedio de   tres millones y medio de dólares”, indicó  Valdiviezo, pero ahora la deuda con sus clientes superaría los cinco millones. Y  aclaró que   la responsabilidad de los  accionistas no va más allá de su  participación en el capital de la compañía.
Según el Servicio de Rentas Internas (SRI), por el ejercicio fiscal 2008, 2009 y 2011 la inmobiliaria pagó     22.156,34  dólares por impuesto a la renta, mientras que en los años 2007 y 2010 declaró  en cero.
El gerente de la empresa, Javier Pachacama,    desde 2007  cuando se constituyó la compañía, siempre    declaró en cero el impuesto a la renta, pese a que en el  registro del  impuesto predial del Municipio de Quito él consta como propietario  de varios terrenos en distintos sectores de la ciudad, que están  avaluados entre  17 mil y 40 mil dólares.
Además costeaba un servicio de seguridad privada, cuyos guardaespaldas ahora lo denuncian por el incumplimiento de sus haberes.
El 7 de enero pasado Pachacama habría informado a  sus clientes que la inmobiliaria cambiaría de nombre, por algunos inconvenientes, pero que  continuaría trabajando.
William Aguaguiña, abogado de los perjudicados por la inmobiliaria, entre quienes también está él, señaló que los contratos de compra y venta celebrados entre Unión Constructora y  sus clientes carecerían de validez, pues no poseen  la  autorización municipal que exige el Código de Organización Territorial.
Se conoce que los terrenos  donde supuestamente se construirían los   conjuntos habitacionales no eran de Pachacama, de modo que los representantes de la empresa habrían cometido una  estafa, según el artículo 563 del Código Penal, con el agravante de haber causado conmoción social.
Aguaguiña también dijo que  pese a la cláusula de mediación y arbitraje a través de la Cámara de Comercio de Quito  que consta en los contratos de compra-venta,   sí es posible iniciar una demanda penal, porque en   los documentos no se hizo  un reconocimiento de firmas de las  partes y tampoco consta  la  rúbrica del notario, de modo que esos documentos carecerían de validez jurídica.
Los montos que los perjudicados entregaron por la compra de viviendas  que nunca fueron entregadas oscilan  entre los 1.000  y 40.000 mil dólares, por lo que el abogado solicitó  la detención de los implicados con fines investigativos  y como actos urgentes la verificación de todos los bienes  e inversiones en entidades financieras que posea la empresa y sus representantes.
 Los afectados también increpan a las autoridades por la falta de control a las   inmobiliarias, pues  la publicidad de Unión Constructora aparecía en varios medios de comunicación  y    además era auspiciante de un programa de televisión, de una  cadena de restaurantes  y de dos equipos de fútbol. “Eso nos hizo creer que la empresa tenía solvencia económica y  que era seria”, se lamenta  Aguaguiña.