Hay tres mujeres detenidas por caso Unión Constructora

 
Tres personas supuestamente vinculadas con la compañía inmobiliaria Unión Constructora, que habría estafado a miles de personas, fueron detenidas la tarde del sábado último, en Quito, informó ayer el Ministerio del Interior en su cuenta Twitter @MinInteriorEc.

Las detenidas son: Margarita Guadalupe Pérez Ayala, accionista; Doris Paola Pachacama Pérez, expresidenta; y María Belén Gualle Chungandro, gerente de Ventas de Unión Constructora, respectivamente.

Ellas están acusadas del supuesto delito de estafa, por un monto de más de $ 6 millones, a más de tres mil personas que invirtieron su dinero con expectativas de adquirir sus viviendas, agregó el ministerio.

Las dos primeras detenidas son madre y hermana de Mario Pachacama, propietario de la compañía, junto con su esposa, Yadira Torres, quien se desempeñaba como gerenta.

La pareja enfrenta orden de prisión preventiva por presunto delito de estafa, que se habría perpetrado cuando recibió anticipos de dinero para la adquisición de casas, sin que se concrete ese objetivo en los plazos estipulados en los contratos.

Unión Constructora, que ofrecía terrenos y casas en ciudades como Quito, Guayaquil y Cuenca, está intervenida por la Superintendencia de Compañías. El 21 de enero pasado, cientos de perjudicados hicieron una marcha en la capital para exigir la devolución de su dinero.

La audiencia de formulación de cargos de las tres detenidas estaba prevista para las 15:30 de ayer. La aprehensión de madre e hija ocurrió en el sector San Rafael y de la otra mujer en valle de Los Chillos.

La tarde de ayer era probable que se produzca la detención de una cuarta persona en Quito, presuntamente involucrada en el caso.

La Fiscalía de Pichincha habría recibido más de 1.200 denuncias por estafa, de alrededor de 11.000 clientes de la constructora.

Por disposición del juez 6º de Garantías Penales, Franz Valverde, las autoridades de Policía quedaron habilitadas para solicitar a la Interpol que difunda la clave roja para la captura de Pachacama y Torres.

William Aguaguiña, abogado de un grupo de perjudicados por Unión Constructora, anunció la semana pasada que los afectados se reunirán en la Cruz del Papa, en Quito, este miércoles, a las 10:00, para desde allí partir hacia el Ministerio de Justicia y pedir que se agreguen a los directivos de la inmobiliaria en la lista de Los Más Buscados.

Afectados por Unión Constructora anuncian un plantón

William Aguaguiña, abogado de un grupo de perjudicados por Unión Constructora, en entrevista para Radio Sonorama, indicó que los afectados se reunirán en la Cruz del Papa, el próximo miércoles 20 de febrero, a las 10:00, para luego dirigirse al Ministerio de Justicia y pedir que se agreguen a los directivos de la inmobiliaria en la lista de Los Más Buscados. Para Aguaguiña, el plantón representa el entierro de las ilusiones, de las esperanzas de la gente y del dinero de las personas. "Mediante escrito he pedido que José Capito, abogado de Xavier Pachacamac, y de su esposa Yadira Torres, máximos de Unión Constructora, acudan a dar sus versiones a la Fiscalía. Capito aseguró que a partir del 13 de febrero se iba a devolver progresivamente el dinero a los perjudicados. Sin embargo, sus últimas declaraciones han sido: 'que desconoce el lugar en el que se encuentran Pachacamac y Torres, que no tienen la plata, que no les dieron el préstamo, que no hay con que pagar. No vamos a permitir que se burlen de nosotros'", enfatizó Aguaguiña. "Existen 1 560 denuncias solo en nuestro frente, a lo que se suman los otros afectados representados por el profesional Carlos Reyes y de otros abogados. Solo en Quito hay más de 2 000 los perjudicados, en dinero hablamos de USD 6 a 8 millones. Habría que sumar el resto", reiteró Aguaguiña. William Aguaguiña informó el caso se investiga en la Fiscalía en una sola indagación previa. José Capito anunció en estos últimos días su retiro de la defensa los titulares de la inmobiliaria al no encontrar un acuerdo económico con su ex cliente y que el nuevo defensor es Marcelo López, quien además guarda nexos de familiaridad con la esposa de Pachamamac.

Presentan 500 denuncias más contra Unión Constructora

Miércoles, 30 de Enero de 2013 12:21
William Aguaguiña, abogado de un grupo de perjudicados por Unión Constructora, anunció que se presentará 500 denuncias más en contra de la empresa, con estas ya se cuentan más de mil registradas en la Fiscalía de Pichincha.

Aguaguiña dijo además que solicitará que se tome la versión de quienes trabajaban en la constructora y espera que sus directivos cumplan con la promesa de que después del feriado de Carnaval se empezará a pagar a los perjudicados por la empresa.

Estas denuncias son presentadas en este día en la Fiscalía de Pichincha, y el abogado de los afectados mencionó: “No nos vamos a confiar de eso, vamos a seguir con las diligencias legales que se han iniciado, es de conocimiento público que se han dado las medidas cautelares, ahora nos toca demostrar cuánto es el perjuicio, cuántos son los perjudicados, en este trabajo nos encontramos”.

fuente: radio sucre

Unión Constructora tenía $ 3,5 millones en 2011

Hace más de  15 días que se desconoce el paradero de Yadira Torres Carvajal y su esposo Javier Pachacama Pérez,  propietarios de la inmobiliaria Unión Constructora, que funcionaba en el norte de Quito. Diariamente cientos de perjudicados  continúan  llegando a la Fiscalía Distrital para interponer más demandas por el presunto delito de estafa.
En días pasados Camilo Valdivieso,   superintendente de Compañías de Quito, manifestó que la empresa -constituida en septiembre del 2007- tiene 2 accionistas y un  capital de 800 dólares. En torno a la  actividad que  realizaba y a los incumplimientos de contratos, la entidad   solicitó  a la inmobiliaria la información necesaria para elaborar un informe completo sobre su situación contable, pero hasta el momento no ha    entregado los datos  requeridos.
También se desconoce el  inventario de los proyectos inmobiliarios,  el número de clientes y el tamaño de los negocios desarrollados por la compañía, que también operaba en Guayaquil y Santo Domingo de los Tsáchilas.
  Valdivieso señaló que  interpondrán nuevas acciones para iniciar un proceso liquidatorio de  la  empresa, aunque anotó que no tiene competencia para intervenir en  los  convenios o acuerdos privados celebrados entre la compañía y sus clientes.
“No sabemos qué respaldo patrimonial existe para hacer frente a los pasivos, es decir, a las deudas. El último reporte a  diciembre de 2011 revela que los activos  de   Unión Constructora eran en promedio de   tres millones y medio de dólares”, indicó  Valdiviezo, pero ahora la deuda con sus clientes superaría los cinco millones. Y  aclaró que   la responsabilidad de los  accionistas no va más allá de su  participación en el capital de la compañía.
Según el Servicio de Rentas Internas (SRI), por el ejercicio fiscal 2008, 2009 y 2011 la inmobiliaria pagó     22.156,34  dólares por impuesto a la renta, mientras que en los años 2007 y 2010 declaró  en cero.
El gerente de la empresa, Javier Pachacama,    desde 2007  cuando se constituyó la compañía, siempre    declaró en cero el impuesto a la renta, pese a que en el  registro del  impuesto predial del Municipio de Quito él consta como propietario  de varios terrenos en distintos sectores de la ciudad, que están  avaluados entre  17 mil y 40 mil dólares.
Además costeaba un servicio de seguridad privada, cuyos guardaespaldas ahora lo denuncian por el incumplimiento de sus haberes.
El 7 de enero pasado Pachacama habría informado a  sus clientes que la inmobiliaria cambiaría de nombre, por algunos inconvenientes, pero que  continuaría trabajando.
William Aguaguiña, abogado de los perjudicados por la inmobiliaria, entre quienes también está él, señaló que los contratos de compra y venta celebrados entre Unión Constructora y  sus clientes carecerían de validez, pues no poseen  la  autorización municipal que exige el Código de Organización Territorial.
Se conoce que los terrenos  donde supuestamente se construirían los   conjuntos habitacionales no eran de Pachacama, de modo que los representantes de la empresa habrían cometido una  estafa, según el artículo 563 del Código Penal, con el agravante de haber causado conmoción social.
Aguaguiña también dijo que  pese a la cláusula de mediación y arbitraje a través de la Cámara de Comercio de Quito  que consta en los contratos de compra-venta,   sí es posible iniciar una demanda penal, porque en   los documentos no se hizo  un reconocimiento de firmas de las  partes y tampoco consta  la  rúbrica del notario, de modo que esos documentos carecerían de validez jurídica.
Los montos que los perjudicados entregaron por la compra de viviendas  que nunca fueron entregadas oscilan  entre los 1.000  y 40.000 mil dólares, por lo que el abogado solicitó  la detención de los implicados con fines investigativos  y como actos urgentes la verificación de todos los bienes  e inversiones en entidades financieras que posea la empresa y sus representantes.
 Los afectados también increpan a las autoridades por la falta de control a las   inmobiliarias, pues  la publicidad de Unión Constructora aparecía en varios medios de comunicación  y    además era auspiciante de un programa de televisión, de una  cadena de restaurantes  y de dos equipos de fútbol. “Eso nos hizo creer que la empresa tenía solvencia económica y  que era seria”, se lamenta  Aguaguiña.