Hace más de 15 días que se desconoce el paradero de Yadira Torres Carvajal y su esposo Javier Pachacama Pérez, propietarios de la inmobiliaria Unión Constructora, que funcionaba en el norte de Quito. Diariamente cientos de perjudicados continúan llegando a la Fiscalía Distrital para interponer más demandas por el presunto delito de estafa.
En días pasados Camilo Valdivieso, superintendente de Compañías de Quito, manifestó que la empresa -constituida en septiembre del 2007- tiene 2 accionistas y un capital de 800 dólares. En torno a la actividad que realizaba y a los incumplimientos de contratos, la entidad solicitó a la inmobiliaria la información necesaria para elaborar un informe completo sobre su situación contable, pero hasta el momento no ha entregado los datos requeridos.
También se desconoce el inventario de los proyectos inmobiliarios, el número de clientes y el tamaño de los negocios desarrollados por la compañía, que también operaba en Guayaquil y Santo Domingo de los Tsáchilas.
Valdivieso señaló que interpondrán nuevas acciones para iniciar un proceso liquidatorio de la empresa, aunque anotó que no tiene competencia para intervenir en los convenios o acuerdos privados celebrados entre la compañía y sus clientes.
“No sabemos qué respaldo patrimonial existe para hacer frente a los pasivos, es decir, a las deudas. El último reporte a diciembre de 2011 revela que los activos de Unión Constructora eran en promedio de tres millones y medio de dólares”, indicó Valdiviezo, pero ahora la deuda con sus clientes superaría los cinco millones. Y aclaró que la responsabilidad de los accionistas no va más allá de su participación en el capital de la compañía.
Según el Servicio de Rentas Internas (SRI), por el ejercicio fiscal 2008, 2009 y 2011 la inmobiliaria pagó 22.156,34 dólares por impuesto a la renta, mientras que en los años 2007 y 2010 declaró en cero.
El gerente de la empresa, Javier Pachacama, desde 2007 cuando se constituyó la compañía, siempre declaró en cero el impuesto a la renta, pese a que en el registro del impuesto predial del Municipio de Quito él consta como propietario de varios terrenos en distintos sectores de la ciudad, que están avaluados entre 17 mil y 40 mil dólares.
Además costeaba un servicio de seguridad privada, cuyos guardaespaldas ahora lo denuncian por el incumplimiento de sus haberes.
El 7 de enero pasado Pachacama habría informado a sus clientes que la inmobiliaria cambiaría de nombre, por algunos inconvenientes, pero que continuaría trabajando.
William Aguaguiña, abogado de los perjudicados por la inmobiliaria, entre quienes también está él, señaló que los contratos de compra y venta celebrados entre Unión Constructora y sus clientes carecerían de validez, pues no poseen la autorización municipal que exige el Código de Organización Territorial.
Se conoce que los terrenos donde supuestamente se construirían los conjuntos habitacionales no eran de Pachacama, de modo que los representantes de la empresa habrían cometido una estafa, según el artículo 563 del Código Penal, con el agravante de haber causado conmoción social.
Aguaguiña también dijo que pese a la cláusula de mediación y arbitraje a través de la Cámara de Comercio de Quito que consta en los contratos de compra-venta, sí es posible iniciar una demanda penal, porque en los documentos no se hizo un reconocimiento de firmas de las partes y tampoco consta la rúbrica del notario, de modo que esos documentos carecerían de validez jurídica.
Los montos que los perjudicados entregaron por la compra de viviendas que nunca fueron entregadas oscilan entre los 1.000 y 40.000 mil dólares, por lo que el abogado solicitó la detención de los implicados con fines investigativos y como actos urgentes la verificación de todos los bienes e inversiones en entidades financieras que posea la empresa y sus representantes.
Los afectados también increpan a las autoridades por la falta de control a las inmobiliarias, pues la publicidad de Unión Constructora aparecía en varios medios de comunicación y además era auspiciante de un programa de televisión, de una cadena de restaurantes y de dos equipos de fútbol. “Eso nos hizo creer que la empresa tenía solvencia económica y que era seria”, se lamenta Aguaguiña.
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