Esa es la disposición adoptada por la Superintendencia de Compañías que
ante la negativa de los administradores y propietarios de la empresa de
entregar información a la interventora se procede a disolverla.
Este viernes a través de la prensa se notificará la entrega de esta
inmobiliaria a un liquidador que tendrá como misión establecer el número
y la nómina de los perjudicados, los bienes patrimoniales de Javier
Pachacamac y Yadira Torres y los respaldos financieros que esta entidad
tenía.
Los bienes saldrán a la venta, pero ¿en que plazos?. Nadie lo sabe, es un largo proceso que apenas empieza.
La pregunta que todos se hacen es ¿quién controla a las inmobiliarias y constructoras? La respuesta es nadie.
El superintendente admite que hay vacíos legales que no permiten garantizar la honestidad de los empresarios de la construcción.
El municipio de Quito tampoco tiene un registro de las constructoras, no sabe cuáles son legales y cuáles no.
De
ahí que los incautos quedan desprotegidos y ahora solo deben esperar.
Demostrar que eran clientes y constar en los libros de la empresa.
En
el campo penal el juez Sexto de Garantías, Franz Valverde, fijó la
audiencia de formulación de cargos contra los principales de Unión
Constructora para el 1 de febrero a las 08h00. Diligencia que se podrá
cumplir aún en ausencia de los imputados, denunciados por estafa y
huídos.
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